Por Alberto V. M.
El gobierno municipal de Angélica Moya Marín liquidó una deuda fiscal heredada de la administración 2019-2021 por un monto superior a 740 millones de pesos. Esta deuda correspondía a seis créditos fiscales por Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores, pendientes de pago desde la gestión anterior liderada por Patricia Durán Reveles. A pesar de que los créditos fiscales fueron liquidados en tiempo y forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intentó exigir un pago duplicado.
La ex alcaldesa Moya Marín aclaró que su administración recibió notificaciones del SAT reclamando el pago del ISR retenido en los años 2020 y 2021. Sin embargo, se detectó que el SAT pretendía un cobro doble, incluyendo recargos y multas injustificadas. Ante esta situación, se presentó una queja contra la doble determinación del SAT, argumentando la falta de certeza jurídica y la posibilidad de observaciones por parte de órganos fiscalizadores.
La administración de Moya Marín solventó la deuda de 740 millones 008 mil 501 pesos, a pesar de la improcedencia declarada por la Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Estado de México, respecto a un crédito fiscal específico. A pesar de la sentencia favorable, el SAT insistió en el cobro, lo que llevó a la presentación de una queja formal, amparada en el Código Fiscal de la Federación. La ex alcaldesa enfatizó que la documentación que respalda el pago fue entregada al actual presidente municipal, Isaac Montoya, y que el incumplimiento de la administración anterior fue remitido a la Contraloría Municipal para las sanciones correspondientes a Leopoldo Corona, ex tesorero municipal. La situación generó controversia con la actual tesorera municipal, Claudia Oyoque Ortiz, quien, según Moya Marín, acusó a la administración 2022-2024 de ampararse para no cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual fue refutado por la ex alcaldesa.